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Sociedad

Remarcan una «notable baja» en el número de adolescentes alojados en dispositivos penales

La información se desprende del «Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población», elaborado por la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal de la Senaf del Ministerio de Desarrollo Social, junto a UNICEF Argentina.

La población de adolescentes alojados en dispositivos penales del país se redujo desde 7.169 en 2015 hasta 5.104 en 2020, según un relevamiento presentado esta tarde por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), junto a Unicef Argentina.

Esta disminución se explica, en parte, por distintas medidas institucionales implementadas por las jurisdicciones para reducir la cantidad de adolescentes y jóvenes alojados en esos establecimientos.

A modo de ejemplo, se mencionó como causa de esta disminución la solicitud a las autoridades judiciales de la morigeración o el cese de la medida de privación de libertad, y también el cierre temporal de algunos establecimientos.

Comparando con los datos de junio de 2019, esta reducción fue de un 32,2 % en establecimientos de restricción de libertad (59 adolescentes menos) y de un 15,1% en los de privación de libertad (159 adolescentes menos).

Por otro lado, el número de adolescentes en cumplimiento de una medida penal territorial también disminuyó, pasando de 4.635 a 4.085, un 11,9 % menos.

El «Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población«, elaborado por la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal de la Senaf del Ministerio de Desarrollo Social, junto a UNICEF Argentina, actualiza datos a nivel nacional tanto de las aprehensiones a adolescentes como de la población juvenil que se encuentra cumpliendo algún tipo de medida judicial de carácter penal.

Durante la presentación, realizada en forma virtual, acompañaron al secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el subsecretario Mariano Luongo; la directora nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal, Gloria Bonatto; y el especialista en Protección de Derechos de Unicef Argentina, Hernán Monath.

El acto contó con la presencia de las y los representantes de todas las jurisdicciones del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).

El documento, elaborado con los aportes de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analiza la información sobre la población y el funcionamiento de estos dispositivos a lo largo de todo el país durante 2020.

«Sabemos -precisó Lerner- que la inmensa mayoría de las adolescencias involucradas en infracciones penales pertenecen a sectores sociales con derechos fuertemente vulnerados«.

El funcionario recordó que se creó «un área especial para promover una mirada restaurativa de la justicia penal juvenil».

«Esto quiere decir que estamos impulsando acciones vinculadas a recomponer los lazos sociales dañados a través del diálogo, de acuerdos reparadores en los que participen el ofensor, las víctimas y la comunidad», añadió

El informe contabilizó 178 dispositivos penales juveniles en todo el país y encontró que «en materia de aprehensiones de niñas, niños y adolescentes, en los ocho dispositivos especializados relevados durante el primer semestre del 2020» se registraron un total de 2.226.

Del total de ingresos registrados a estos dispositivos, el 89 % es población masculina y el 11 %, femenina.

También se detectó que el 78,5 % de las y los adolescentes egresaron de los dispositivos con un familiar o un referente, el 8,7 por ciento fue derivado a un dispositivo del Sistema de Protección y Promoción de Derechos y el 4,2 % al Sistema Penal Juvenil.

En relación con la población en dispositivos de cumplimiento de las medidas judiciales de carácter penal, el informe señala que las y los adolescentes de entre 14 y 17 años incluidos en dispositivos de privación de libertad, de restricción de libertad y de medida penal en territorio representan menos del 0,1 por ciento del total de la población de su franja etaria.

Esto se condice con una «notable baja» de la población penal juvenil, la cual pasó de 7.169 adolescentes en 2015 a 5.104 en 2020.

El 80,1 por ciento de esta población está incluido en alguna Medida Penal en Territorio, el 2,4 por ciento está alojado en un establecimiento de Restricción de Libertad y el 17,5 por ciento se encuentra en un centro de Privación de Libertad.

Del total de población penal juvenil nacional, el 94,7 por ciento se reconoce de género masculino, mientras que el 5,3 por ciento, femenino. El 98,6 por ciento nació en Argentina.

A nivel nacional, los «Delitos contra la Propiedad» representan más de la mitad (el 56,7%) del total de presuntos ilícitos de la población penal juvenil del país, con 2.893 adolescentes.

Dentro de esta categoría, el robo ocupa el primer lugar representando el 63,3% del total de delitos contra la propiedad (1.832).

Los «Delitos contra las Personas» ocupan el segundo lugar del total de presuntos delitos a nivel nacional, con el 14,6 % (744) y dentro de esta categoría, los homicidios representan el 38,1 % del total de esta categoría.

Del total de la población penal juvenil a nivel nacional, el 45,8 % se encuentra en la provincia de Buenos Aires (2.338 adolescentes), lo cual resulta «esperable dado que es la jurisdicción con mayor población del país».

Le siguen las provincias de Córdoba con el 17,7% (901 adolescentes) y Mendoza con el 9,1% (466 adolescentes).

Esta publicación se suma a una serie de relevamientos anteriores (2007, 2011, 2015, 2019), para poner «nuevamente a disposición pública la información actualizada sobre los dispositivos penales juveniles y su población a nivel nacional», señalaron en la presentación.

El informe se presenta a pocos días de la firma del acta acuerdo «La privación de libertad de adolescentes. Sobre el primer momento de la aprehensión», firmada por representantes de los organismos de niñez de todas las jurisdicciones del país con el objetivo de promover la promoción y protección de sus derechos cuando atraviesan intervenciones penales de las fuerzas de seguridad y de otros organismos.

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